Caracas / Washington — En un giro inesperado que reconfigura la geopolítica en América Latina, Estados Unidos ejecutó el 3 de enero de 2026 una operación militar de alta complejidad en Venezuela, en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, desmantelaron posiciones defensivas estratégicas, y destruyeron infraestructura vinculada por Washington al narcotráfico, según informes oficiales y fuentes de inteligencia consultadas.
La operación —que combinó ataques cibernéticos, bombardeos precisos con tecnología stealth y maniobras de fuerzas especiales aéreas— fue dirigida por Estados Unidos como parte de lo que la administración estadounidense denomina Operation Southern Spear, una campaña que desde mediados de 2025 ha implicado despliegues navales, ataques contra embarcaciones marítimas y campañas de inteligencia en la región.
Según una detallada reconstrucción de los hechos, las fuerzas estadounidenses lograron suprimir los sistemas de defensa aérea venezolanos y neutralizar instalaciones clave alrededor de Caracas, gracias a capacidades avanzadas de guerra electrónica y penetración furtiva. Expertos militares consultados señalan que este nivel de coordinación tecnológica y táctica es inédito en la región, y que las fuerzas venezolanas quedaron prácticamente desorientadas desde el primer momento del operativo.
La fase culminante de la operación se produjo antes del amanecer, cuando unidades especiales estadounidenses ingresaron a una residencia en Caracas para capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes según fuentes oficiales fueron extraídos del país en helicóptero y trasladados primero a un buque militar estadounidense y luego a una base en Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico y tráfico de armas.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la operación en una declaración desde Mar-a-Lago, describiendo la misión como “una acción decisiva contra redes criminales globales y un golpe estratégico a la corrupción y el narcotráfico”. No obstante, no ofreció detalles precisos sobre la participación de unidades concretas, limitándose a afirmar que la operación fue “una demostración de superioridad tecnológica y precisión sin precedentes”.
La Casa Blanca ha calificado la captura de Maduro como un logro histórico en la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico, argumentando que el mandatario venezolano estaba implicado en redes que facilitaban grandes volúmenes de estupefacientes hacia Estados Unidos. Esta narrativa, sin embargo, ha sido objeto de debate y cuestionamientos por parte de académicos y expertos internacionales, que señalan la falta de evidencia pública verificable que respalde plenamente las acusaciones.
El impacto inmediato en Venezuela fue dramático. Imágenes y testimonios provenientes de Caracas y otras ciudades muestran que la incertidumbre se apoderó de la población, con comunicaciones interrumpidas, transporte paralizado y un notable ambiente de tensión. Aunque las autoridades venezolanas no han podido ofrecer una versión consolidada de los hechos, sectores de la sociedad civil reportaron explosiones en distintos puntos de la capital y un despliegue militar sin precedentes en años recientes.
En el plano internacional, la respuesta fue rápida y polarizada. Países de la región, así como organizaciones multilaterales, exigieron explicaciones sobre la legalidad de la operación y alertaron sobre las implicaciones para la soberanía nacional y el derecho internacional. En una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, varios miembros calificaron la acción como una “agresión unilateral”, mientras que Estados Unidos defendió su conducta como una medida necesaria dentro de su política de seguridad.
Además de la captura de Maduro, la operación desarticuló lo que Washington denominó “infraestructura de apoyo logístico al narcotráfico”, incluyendo zonas portuarias y sistemas de almacenamiento supuestamente vinculados a redes criminales. Aunque es un hecho que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques previos contra embarcaciones asociadas al narcotráfico desde septiembre de 2025, la fase terrestre de la operación representa un salto cualitativo en el enfoque militar estadounidense en la región.
Las autoridades estadounidenses también han dicho que, tras el éxito de la misión, planean facilitar una transición en Venezuela que incluya inversión en infraestructura energética y un papel mayor del sector privado internacional. Sin embargo, la falta de claridad sobre qué forma tomará esa transición y quiénes serán los actores principales genera inquietud entre gobiernos extranjeros, inversores y organismos de derechos humanos.
Mientras tanto, Nicolás Maduro y su esposa permanecen bajo custodia en Nueva York tras haber sido imputados formalmente por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. En su primera declaración judicial, Maduro se declaró inocente y calificó su captura de “secuestro político”, una posición que ha sido ampliamente difundida en redes sociales y medios satelitales venezolanos.
El impacto de este operativo se seguirá sintiendo en la política regional, las relaciones internacionales y el mismo tejido institucional venezolano. Lo que hasta hace poco era un conflicto coyuntural se ha convertido en uno de los eventos más significativos para la historia reciente de América Latina.
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